Anulación parcial del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana (Plusvalías).

the modern flat sketch 3d rendering

El Tribunal Constitucional, en Sentencia de 11 de Mayo de 2017, estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Contencioso‐administrativo número 1 de Jerez de la Frontera, en relación con el art. 107 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Como Comercio o Empresa Asociada a Comaes puede utilizar este espacio para realizar su publicidad

En expresada Sentencia se analiza el supuesto de una mercantil que adquirió unos terrenos en el año 2003, sobre los que promovió 73 viviendas, que fueron finalmente adjudicadas a una entidad financiera por el 50 % del valor de tasación. Fruto de esta transmisión el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera le giró una serie de liquidaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Esta Sentencia, a su vez, recoge la doctrina de la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de Febrero de 2017, que estimó parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso‐Administrativo núm. 3 de Donostia, en relación con la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

En virtud de la citada Sentencia se declarara que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

Los preceptos cuestionados de la Ley de Haciendas Locales otorgan a los supuestos de no incremento, o incluso de decremento, en el valor de los terrenos de naturaleza urbana, una renta ficticia en la medida en que, al imponer a los sujetos pasivos del impuesto la obligación de soportar la misma carga tributaria que corresponde a las situaciones de incrementos derivados del paso del tiempo, está sometiendo a tributación situaciones de hecho inexpresivas de capacidad económica, lo que contradice frontalmente el principio de capacidad económica que garantiza el art. 31.1 CE. En consecuencia, los preceptos cuestionados deben ser declarados inconstitucionales, aunque solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor.
Finalmente la Sentencia deja claro que el Impuesto sobre el Incremento sobre el Valor de los Terrenos no es, con carácter general, contrario al texto constitucional. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento del valor del terreno al momento de la transmisión, impidiendo los sujetos pasivos que puedan acreditar esta circunstancia.

Señala, en consecuencia, que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador llevando a cabo las modificaciones pertinentes en el régimen legal del Impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.